Año tras año, el informe PISA nos saca los colores a todos los españoles.

Nuestros estudiantes están por debajo de la media de los países desarrollados.

Seguimos en el vagón de cola: en el puesto 26 de los 34 que integra ese informe.

Más del 30% de los alumnos no acaba la enseñanza secundaria.

El mismo informe pone en evidencia la brecha que se abre entre los colegios que exigen esfuerzo y disciplina y los que apuestan por posiciones de extrema tolerancia y libertad. Los primeros sobrepasan la media de la OCDE, y los segundos están por debajo de la ya baja media española.

El problema no viene derivado por el coeficiente intelectual de nuestros jóvenes, ni de la preparación de nuestros profesores, sino tanto por el uso adoctrinador que los gobiernos autonómicos han hecho de la competencia de la Educación como de la cooperación necesaria que los distintos gobiernos estatales, por intereses de partido o equilibrios de gobierno, han hecho metiendo a la Alta inspección en un armario, y haciendo desaparecer su llave.

Adoctrinar a los jóvenes a través de la educación es, sin ninguna duda, la inversión más rentable y duradera para cualquier partido político. Pero es una perversión.

Luego será la Universidad, que en España también está politizada, la que tome el relevo para vehicular la madurez intelectual de nuestros jóvenes en una dirección concreta.

El anhelo de estos políticos ha sido tan grande, y los resultados tan positivos, que no se han molestado en conciliar ese adoctrinamiento con una educación competitiva para sus jóvenes.

El uso instrumental que las CCAA han hecho del idioma o la cultura, junto con el falseamiento de la historia y la interpretación en clave sentimental de muchos aspectos de la vida, debería obligar a la Administración General del Estado a recuperar todas las competencias en materia de educación.

Este sistema ha logrado que muchos de nuestros jóvenes voten en la dirección en la que han sido adoctrinados; pero también les ha condenado a competirán con menos recursos, menos habilidades y menos reflejos frente a cualquier otro joven del mundo.

Hoy en día, para cualquier joven del mundo, hablar inglés es un requisito indispensable y hablar ruso o chino un valor añadido. En España el requisito indispensable es hablar una lengua local, una lengua con la que no se puede competir en el mercado mundial -aunque sí se puede medrar en la administración pública, especialmente en Comunidades como: Galicia, Cataluña y País vasco- y, en contraposición, el valor añadido de los jóvenes españoles es, simplemente, dominar el inglés.

Si un joven, por la movilidad geográfica del trabajo de su padre, tiene que estudiar en colegios de: el País vasco, Andalucía, Cataluña y Extremadura, terminará por no saber en que país vive, en qué lengua debe hablar, sí es español o enemigo de España, si es catalán porque se siente catalán o si no debe serlo porque aún no domina esa lengua, si los socialistas son los buenos o, por el contrario, son los del pepé.

 

¿No hay ninguna ley o fómula legal que evite esta situación?

Sí

 

¿Cuál?

La Constitución española:

• Que garantiza que todos los españoles recibirán la misma educación.
• Que garantizar que ese derecho es competencia exclusiva del Estado
• Que establece que el Estado garantiza ambos preceptos a través de la Alta inspección en Educación.

Además, los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas contemplan la Alta Inspección como necesaria para el cumplimiento y garantía de las facultades reservadas al Estado.

 

¿Y entonces, por qué no se hace?

Muy simple.

Porque casi todos los gobiernos de España han precisado de los partidos nacionalistas para mantenerse en el poder; si alguno de estos gobiernos se hubiera atrevido a permitir que la Alta inspección hiciese el trabajo que le tenía encomendada la Constitución, los partidos nacionalistas les hubieran retirado sus votos, precipitándolos a gobernar en minoría o a perder el gobierno.

 

¿Cuáles son las competencias que la CE. atribuye a la Alta Inspección?

• Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo.
• Comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo.
• Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, incluidos sus derechos lingüísticos.

Cosa que no ocurre.

 

 

HIGIENE DEMOCRÁTICA
Propone

 

 

Auditoría externa que ponga en evidencia las diferencias entre los distintos programas educativos de España y los déficits que presentan frente a la media de los países más desarrollados.

Unificar criterios en base al interés general - no autonómico- mediante la Alta inspección.

Resucitar la competencia de planificación y dirección de la competencia de educación por el Estado.

Devolver al Estado la dirección y gestión de la competencia de educación, salvo las materias de lengua y cultura regional, de aquellas CCAA que se nieguen a cumplir los criterios de la Alta inspección.

Revisar educación para la ciudadanía y aprobarla por consenso.

Incorporar en alguna asignatura un esquema claro de las estructuras y el funcionamiento: del Estado, de la Administración, de Europa, y de los organismos internacionales más importantes.

Incorporar la oratoria y el debate, materias que obligan a los estudiantes a expresarse en público, además de ampliar su visión de los problemas al tener que defender unas veces una opción y otras la contraria.

Fomentar el trabajo en equipo.

Revisar en profundidad las fórmulas de enseñanza de idiomas y adaptarlas a las que utilizan los países que logran que un estudiante pueda desenvolverse en otro idioma en tan solo un año de formación.

Incorporar una asignatura que enseñe:

• Técnicas de estudio
• Realizar una lectura comprensiva que permita estratificar los conocimientos por niveles de importancia.
• Redactar, realizar esquemas y resúmenes.
• Elaborar un currículum.
• Preparar entrevistas de trabajo

El Parlamento aprobará una ley que garantice la existencia de centros escolares con enseñanza en castellano en todo el territorio nacional. En caso de ser necesario, el Gobierno promoverá y financiará esos centros en las comunidades donde exista bilingüismo.

Todas las comunidades autónomas estarán obligadas a impartir las asignaturas que el Parlamento considere como troncales con contenidos comunes, entre ellas, la Historia y la lengua de España. Esos contenidos serán consensuados por el Gobierno y las CCAA.

Las asignaturas comunes tendrán los mismos contenidos en todo el Estado.

El Estado garantizará que esos contenidos forman parte de los libros de texto de los alumnos de toda España.

Las editoriales, que por influencia o convicción propia, decidan alterar de forma subliminal el contenido de los libros de texto, tendrán que, previa retiración gratuita, sustituirlos enmendados, o retirarlos y devolver su importe íntegro a sus compradores. Todo ello, formará parte de los requisitos de aprobación y de los contratos administrativos.

Reforma de la Ley de Calidad de la Enseñanza, que establezca un modelo educativo en el que prime la cultura del esfuerzo y el respeto al profesor.

Reforma de la Ley Orgánica de Universidades con el objetivo de dotar a los centros de mayor autonomía a la hora de confeccionar los planes de estudios

Acabar con la endogamia, el amiguismo y la politización a la hora de cubrir puestos de trabajo en los departamentos de la Universidad.

La reforma fomentará la contratación flexible del profesorado que pueda aportar su experiencia profesional en la vida pública.

Se incentivará fiscalmente las aportaciones financieras que el sector privado realice a la Universidad.