La Constitución española establece que la Administración:
- servirá con objetividad a los intereses generales.
- actuará de acuerdo al principio de eficacia.
Sin embargo los hechos demuestran que las distintas Administraciones consumen una parte importante de los recursos de los ciudadanos para satisfacer las necesidades, los compromisos o los caprichos de los partidos políticos.
Las Administraciones se han convertido en empresas de colocación y en cliente prioritario para empresas a fin a los partidos políticos.
Esta avidez competencial nos ha traído unas administraciones a las que solo les importa tener competencias, independientemente de si las ejercen de manera competente, o no, de si tienen presupuesto para llevarlas a cabo, o no, o de si el ciudadano las venía demandando de manera explícita, o no...; con ello logran aumentar sus funcionarios, sus agencias públicas, sus personas de libre designación, sus trabajadores externos, sus proyectos sin sentido, sus subvenciones arbitrarias, sus contrataciones a tal o cual empresa a fin con el partido...
Presupuesto y poder con el que lograr que los políticos que sostienen al gobierno logren satisfacer las expectativas de los votantes que les sostienen a ellos.
FUNCIONARIOS
El actual sistema:
- Margina a los funcionarios competentes a favor de los politizados, que son los que obtienen los mejores puestos y los que aglutinan la mayor parte de los complementos; y no por mérito o capacidad, sino por poner, de una forma opaca, la Administración al servicio de un partido político.
- Ataca su dignidad, su motivación y su capacidad de ascenso.
- Promueve el absentismo, el "presentismo" y la baja productividad.
- Renuncia a la optimización de los recursos.
- Genera diferencias salariales injustificables entre funcionarios de unas CCAA y otras.
- Es indolente con las necesidades de los ciudadanos.
LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS.
- Se multiplican y se complican para que los políticos puedan acceder al presupuesto y al poder que les otorgan esas competencias.
- Limitan las inversiones y los proyectos empresariales por las discrepencias normativas que existen entre unas CCAA y otras.
- Reducen, con esas trabas, la creación de puestos de trabajo.
- Dificulta la vida de los ciudadanos de su propia CCAA.
- Limita las gestiones de los ciudadanos de otras CCAA.
Ejemplos:
1. La mitad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes gastan más de lo que ingresan.
2. Cada parlamento autonómico, Diputación o Ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos y de sus empleados públicos, y lo hace sin ningún límite, ni baremo, ni control. Hay alcaldes de pequeños municipios que cobran lo mismo que el alcalde de Barcelona; hay policías locales que cobran tres veces más que un guardia civil destinado en una unidad antiterrorista.
3. El abuso regulatorio de las autonomías, y la ineficiente distribución de sus competencias, ha llevado a la promulgación de 100.000 normas que rompen la necesaria unidad de la actividad productiva y de mercado en España.
4. El 40% de los consejeros de las Cajas de Ahorros son políticos a dedo que cobran sueldos de vértigo.
5. A todos los partidos políticos les interesa este sistema clientelar, y por eso solo anunciaran cambios, revisiones o reducciones durante una campaña electoral, para luego abordar un cambio estético que afecte solo a ´clientes´ del partido contario.
La empresa Ikea ha declarado que no se expande más en España por la densa y cambiante burocracia que tiene que soportar de una Comunidad autónoma a otra.
El Banco de España informó ayer -Junio 2011- que la obra social de las cajas se habría duplicado en los últimos 10 años si estas entidades hubieran sido tan eficientes como los bancos. El supervisor estima que se han dejado de generar 17.000 millones para fines altruistas.
Un informe de Mayo 2011 pone en evidencia que en el último año, y mientras el empleo privado se destruía a un escalofriante ritmo del 14%-, las Administraciones públicas, en plena crisis, no solo seguían contratando, sino que aumentaban espectacularmente sus contrataciones indefinidas hasta casi un 9%. Muchos analistas ya habían especulado sobre ello: "...partidos con responsabilidad de gobierno, que podrían perder las elecciones autonómicas y municipales, estaban vacunando laboralmente a quienes habían entrado en la Administración de su mano".
