Administraciones al servicio de los ciudadanos, no de los intereses de los partidos políticos.

 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

 

La Constitución española establece que la Administración:

  • servirá con objetividad a los intereses generales.
  • actuará de acuerdo al principio de eficacia.

Sin embargo los hechos demuestran que las distintas Administraciones consumen una parte importante de los recursos de los ciudadanos para satisfacer las necesidades, los compromisos o los caprichos de los partidos políticos.

Las Administraciones se han convertido en empresas de colocación y en cliente prioritario para empresas a fin a los partidos políticos.

Esta avidez competencial nos ha traído unas administraciones a las que solo les importa tener competencias, independientemente de si las ejercen de manera competente, o no, de si tienen presupuesto para llevarlas a cabo, o no, o de si el ciudadano las venía demandando de manera explícita, o no...; con ello logran aumentar sus funcionarios, sus agencias públicas, sus personas de libre designación, sus trabajadores externos, sus proyectos sin sentido, sus subvenciones arbitrarias, sus contrataciones a tal o cual empresa a fin con el partido...

Presupuesto y poder con el que lograr que los políticos que sostienen al gobierno logren satisfacer las expectativas de los votantes que les sostienen a ellos.

FUNCIONARIOS
El actual sistema:

  • Margina a los funcionarios competentes a favor de los politizados, que son los que obtienen los mejores puestos y los que aglutinan la mayor parte de los complementos; y no por mérito o capacidad, sino por poner, de una forma opaca, la Administración al servicio de un partido político.
  • Ataca su dignidad, su motivación y su capacidad de ascenso.
  • Promueve el absentismo, el "presentismo" y la baja productividad.
  • Renuncia a la optimización de los recursos.
  • Genera diferencias salariales injustificables entre funcionarios de unas CCAA y otras.
  • Es indolente con las necesidades de los ciudadanos.

LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS.

  • Se multiplican y se complican para que los políticos puedan acceder al presupuesto y al poder que les otorgan esas competencias.
  • Limitan las inversiones y los proyectos empresariales por las discrepencias normativas que existen entre unas CCAA y otras.
  • Reducen, con esas trabas, la creación de puestos de trabajo.
  • Dificulta la vida de los ciudadanos de su propia CCAA.
  • Limita las gestiones de los ciudadanos de otras CCAA.

Ejemplos:

1. La mitad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes gastan más de lo que ingresan.

2. Cada parlamento autonómico, Diputación o Ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos y de sus empleados públicos, y lo hace sin ningún límite, ni baremo, ni control. Hay alcaldes de pequeños municipios que cobran lo mismo que el alcalde de Barcelona; hay policías locales que cobran tres veces más que un guardia civil destinado en una unidad antiterrorista.

3. El abuso regulatorio de las autonomías, y la ineficiente distribución de sus competencias, ha llevado a la promulgación de 100.000 normas que rompen la necesaria unidad de la actividad productiva y de mercado en España.

4. El 40% de los consejeros de las Cajas de Ahorros son políticos a dedo que cobran sueldos de vértigo.

5. A todos los partidos políticos les interesa este sistema clientelar, y por eso solo anunciaran cambios, revisiones o reducciones durante una campaña electoral, para luego abordar un cambio estético que afecte solo a ´clientes´ del partido contario.

La empresa Ikea ha declarado que no se expande más en España por la densa y cambiante burocracia que tiene que soportar de una Comunidad autónoma a otra.

El Banco de España informó ayer -Junio 2011- que la obra social de las cajas se habría duplicado en los últimos 10 años si estas entidades hubieran sido tan eficientes como los bancos. El supervisor estima que se han dejado de generar 17.000 millones para fines altruistas.

Un informe de Mayo 2011 pone en evidencia que en el último año, y mientras el empleo privado se destruía a un escalofriante ritmo del 14%-, las Administraciones públicas, en plena crisis, no solo seguían contratando, sino que aumentaban espectacularmente sus contrataciones indefinidas hasta casi un 9%. Muchos analistas ya habían especulado sobre ello: "...partidos con responsabilidad de gobierno, que podrían perder las elecciones autonómicas y municipales, estaban vacunando laboralmente a quienes habían entrado en la Administración de su mano".

 

 

 

HIGIENE DEMOCRÁTICA
Propone

 

 

 

  • UNA COMPETENCIA= UNA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.
  • ¿Cuál?
  • La que demuestre ser más competente.

Esta medida no afectaría a los recursos técnicos y humanos encargados de esa competencia, sino a las pocas personas, normalmente ligadas a los partidos políticos, que asumen la dirección y gestión de la comptentencia.

Para lo cual se establecerán tablas que evalúen una serie de aspectos básicos y cuyo resultado ofrezca un coeficiente. Las CCAA que no alcancen el 80% de ese coeficiente, tendrán que ceder la dirección y gestión de esa competencia a miembros del Estado; cuando estos alcancen nuevamente el coeficiente, devolverán la competencia a los gestores autonómicos. En el caso de que una Comunidad Autónoma no alcance ese porcentaje de forma reiterada, perderá la competencia.

  • Auditoría externa de todos los servicios públicos para terminar con los excesos, el derroche, la multiplicidad de competencias, las redes clientelares de los partidos, etc...
  • Techo financiero para todas las Administraciones que transcienda el color del gobierno.
  • Acceso a la función pública mediante la primacía del concurso público, libre y en igualdad de condiciones tanto en la Administración General del Estado como en la Autonómica y, muy especialmente, en Entidades Locales.
  • Acabar con la promoción de funcionarios por afinidades políticas, y redefinir toda la piramide funcionarial en base al mérito y la capacidad.
  • Revisar el sistema de gratificación para que se premie a quienes lo merecen.
  • Optimizar los recursos públicos: más y mejores servicios con los mismos recursos, mediante expertos externos en dirección y administración de empresas que logren, en un periodo inferior a cuatro años y mediante la figura de la libre designación, la optimización de cada servicio.
  • Aumentar los servicios de atención al público de 06.00 a 22:00, en tres turnos de ocho horas cada uno y con carácter rotatorio.
  • Establecer objetivos que evidencien la optimización de los recursos públicos, como por ejemplo: lograr que un ciudadano no espere más de quince minutos.
  • Aumentar las competencias y atribuciones de los funcionarios públicos, para acabar con la ultraespecialización del funcionario.
  • Asistencia administrativa a domicilio para personas con incapacidades o discapacidades.
  • Aumentar la productividad de los funcionarios, luchando contra el absentismo, pero, sobretodo, contra el "presentismo" actual.
  • Combatir de forma efectiva a aquellos funcionarios que atienden con acritud o displicencia al ciudadano. Dotar, por otro lado, de formación específica a los funcionarios para que aprendan a abordar situaciones de tensión resolviéndolas con la profesionalidad de su cargo.
  • Estandarizar los servicios básicos en todo el territorio español, especialmente en materias de importancia para la sociedad.
  • Impedir que una Comunidad Autónoma organice concursos u oposiciones con requisitos que discrimine a ciudadanos de otras CCAA; como, por ejemplo, exigir un nivel de idioma, o que éste sea cuantificable en un baremo general de puntos.
  • Transvase de recursos técnicos, humanos y financieros entre Administraciones para equiparar las cargas de trabajo.
  • Se dinamizará la salida de la función pública de todo aquel trabajador de la Administración que se demuestre ineficaz o perjudicial para el servicio.
  • Unificar y simplificar los trámites administrativos en todo del territorio español.
  • Privatizar la mayoría de los 4000 entes públicos, granero de puestos de trabajo para partidos políticos.
  • Establecer un mecanismo externo a la Administración que garantice la transparencia de la contratación de personal, de servicios y de cualquier adquisición.
  • Estandarizar el salario del personal servicio de cualquier administración en virtud de su experiencia y rango, impidiendo que se establezcan complementos o excusas para mantener las tradicionales desigualdades.
  • Establecer el número máximo y mínimo de funcionarios por competencia y número de habitantes.
  • Limitar los asesores y los cargos de libre disposición.
  • Eliminar las jubilaciones anticipadas.
  • Poner la Administración al servicio de las empresas, agrupando y simplificando sus obligaciones y facilitando sus gestiones vía internet.
  • Unificar las normas que impiden un mercado único a nivel estatal.
  • Intervención General del Estado, con supervisión del Consejo General del Poder Judicial, sobre los patrimonios de todos los Altos Cargos y de todos los funcionarios de libre designación de todas las Administraciones.
  • Auditoría Legal aleatoria, o por denuncia de un funcionario sobre las decisiones legales de funcionarios de libre designación de todas las Administraciones.
  • Declaración Patrimonial previa de todos los Altos cargos y funcionarios de libre designación, que incluya los patrimonios de los familiares hasta el tercer grado, con la ayuda del Ministerio de Economía y Hacienda y de las Entidades Financieras, supervisadas por el Banco de España.
  • Eliminar las Diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.
  • Agrupar Ayuntamientos. Pocos son los ciudadanos que, a priori, aceptaran la supresión de su Ayuntamiento y que sus representantes municipales sean los del pueblo de al lado. Es más, muchos quisieran ser gobernados desde su propio barrio, incluso desde su propia calle o desde su propio edificio. De todo eso se aprovechan los políticos para multiplicar hasta el infinito los cargos públicos, los servicios municipales y los gastos injustificables. Se pueden agrupar Ayuntamientos que integren un representante de cada pueblo y un único servicio administrativo, reduciendo enormemente los impuestos y aumentando de forma equiparable los servicios al ciudadano.
  • Impedir la externalización de servicios -auténtico escándalo de la actual Administración- que se pueden realizar con el personal existente.
  • Optimizar y regular la utilización de los coches oficiales.
  • Sustituir a cargos de libre disposición por expertos en dirección y administración de empresas que, durante una legislatura, optimicen los servicios públicos.
  • Revisar y mejorar los mecanismos que velan por el secreto del contenido de los exámenes que elaboran las distitas Administraciones para los candidatos a funcionarios.
  • Revisar y mejorar el sistema de elección de los tribunales de oposición. Se trata de aumentar las garantías en materia de independencia, especialmente en lo referente a probar la nula vinculación de cualquier miembro del tribunal con cualquier postulante de la oposición.
  • Establecer una normativa que regule un marco de requisitos mínimos, e iguales a todas la Administraciones, para la contratación de personal laboral temporal y la selección de funcionarios interinos, garantizando, en todo caso, el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad, así como impidiendo la utilización de métodos de evaluación de escasa objetividad.
  • Generalizar la subasta al concurso en la contratación administrativa.

 



PARTIDOS POLÍTICOS


AUTONOMÍAS


ADMINISTRACIONES


AGENTES SOCIALES


JUSTICIA


DESPILFARRO


SISTEMA ELECTORAL


SUBVENCIONES


EMPLEO


REFERENDUM


CORONA


CORRUPCIÓN


EDUCACIÓN


CONSENSO POLÍTICO


GOBIERNO


CONGRESO/ SENADO


CALIDAD DE VIDA

 

 

Esta es una página desarrollada por Guebra. Todos los derechos quedan reservados.