REFLEXIÓN EN VOZ ALTA.

30 años de Democracia no han conseguido acabar con esta práctica.

Hoy están siendo juzgados 800 imputados por corrupción política, de casi todos los partidos con responsabilidad de gobierno.

100 de ellos, tanto del Pepé como del Pesoe, se han presentado a las pasadas elecciones 2011.

Gürtel, Eres de la Junta de Andalucía, Caso Guerra, Ibercorp, Gescartera, Caso Roldan, Escándalo del Boe, El Ave, Fórum, Afinsa, los dos hijos del Sr. Chaves, Cienpozuelos, Caso Fidecaya, KIO, TIME SPORT, FILESA, MALESA, Caso Urralburu, Noos, etc...

Su volumen, frecuencia e intensidad nos han llevado del escándalo a la decepción, y de ésta a la absoluta indiferencia.

Pero si juntásemos todo el dinero que las Administraciones han dejado de ingresar por corrupción política en 30 años, recuperaríamos la indignación que precisamos para hacerle frente.

MAPA DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

El discurso anti-corrupción se produce solo coincidiendo con cada escándalo.

Las medidas para combatir estas prácticas se perfeccionan, al menos en la teoría, sin que, al final, ninguna de ellas logre ni evitar ni disuadir al siguiente.

Solo los medios de comunicación y las investigaciones de los partidos en la oposición, como mero instrumento de acoso y derribo electoral, permiten que, de vez en cuando, aflore alguna.

La multiplicación de Administraciones y de tentáculos administrativos a incrementado exponencialmente estos casos de corrupción.

La cárcel, en muchos casos, es solo un paso intermedio para blanquear ese delito.

La unidad anti-corrupción de la Guardia civil ha sido ninguneada, una y otra vez, por todos los gobiernos.

Uno es honrado hasta que puede dejar de serlo y decide hacerlo. Apelar a la honradez, a la moral o la ética de los candidatos de una lista, de un puesto de libre designación o del beneficiario de una subvención no es más que un brindis al sol.

Sí las medidas puestas en juego hasta ahora se han mostrado claramente insuficientes, tendremos que asumir o que somos incapaces de encontrar la fórmula para poner freno a estas prácticas o que nos equivocamos dejando toda la maquinaria anti-corrupción al alcance de los políticos.

Cuatro ámbitos concentran la mayoría de los casos de corrupción:

URBANISMO.
SUBVENCIONES.
CONTRATACIÓN PÚBLICA.
LICENCIAS ADMINISTRATIVAS.

La responsabilidad de las personas implicadas en casos de corrupción no puede limitarse a la acción penal. Si un político ha robado 10 millones de euros, además de ir a la cárcel, el Estado tiene que, mediante algún mecanismo efectivo, recuperar ese patrimonio.

Aunque la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 30/1992 establece en el artículo 145 que la Administración puede instruir un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial personal a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños o perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave, no se conoce ni un solo caso en el que se haya aplicado en 30 años de Democracia.

El problema no suele residir en el propio mecanismo anti-corrupción, sino en la voluntad política de poner en marcha los que ya existen, facilitando los recursos y el tiempo que precisen para cumplir sus objetivos. Lo habitual es que existan recursos legales suficientes, pero no se pongan en marcha; o sí lo hacen, que lo hagan relegados en el tiempo, sin recursos, lo suficientemente manipulados para que ni lo eviten ni lo disuadan ni lo combatan.

En el peor de los casos, quien maneja el sistema puede utilizar el sistema en su propio beneficio, implicando en el proceso a cualquier institución que, por favores o compromisos políticos, por acción u omisión interesada, esté dispuesto a prestar una ayuda soterrada y determinante para el corrupto.

El mayor problema para todos no es la corrupción puesta en evidencia, sino los mecanismos que encubren, como el agua que oculta la base de un iceberg, la punta que todos vemos.

¿EXISTE ALGUNA FORMA DE DETENER ESTO?

Sí

¿CÓMO?

Abordando la corrupción con mecanismos que escapen al control de los políticos. Con una justicia independiente, con su propia policía judicial, que ponga en marcha las medidas que propone HIGIENE DEMOCRÁTICA.

HIGIENE DEMOCRÁTICA
Propone

• Mecanismo para evitar, y en caso de que suceda enmendar y castigar, la desviación no ilícita pero arbitraria de fondos públicos por parte de los gobiernos (nacional, autonómico o municipal), como subvenciones a: entidades, asociaciones, empresas a fin a los partidos.


• Relegar el mecanismo de subvención a una fórmula extraordinaria.


• Prevención de la corrupción mediante un sistema de validación previa, que abarcaría los planes de ordenación urbana, los concursos, las subvenciones, las oposiciones, los ascensos en la Administración, etc…


• Auditorías externas y por sorpresa de cualquier servicio de cualquier administración.


• Priorizar la subasta al concurso público: auténtico coladero para adjudicaciones a dedo.


• En el caso de los concursos, recalificaciones u otras decisiones de la Administración que puedan beneficiar claramente a una persona o colectivo, se incluirá un informe que relate todo posible beneficiario en ese proceso, que, a su vez, pondrá en marcha una investigación previa.


• Para todo ello, se creará un organismo anti-corrupción independiente, que trabajará con la fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas SSEE, bajo el control exclusivo del poder judicial, y con jueces que no se hayan significado políticamente.


• Responsabilidad patrimonial y penal efectiva de los políticos, asesores, altos cargos y otros puestos de libre designación dentro de la Administración.


• Privatizar la mayor parte de las agencias, empresas, sociedades y fundaciones estatales.


• Responsabilidad patrimonial de los partidos con la responsabilidad de Gobierno, en aquellos actos que sean declarados no ajustados a derecho o ilegales por un tribunal ordinario y que causen perjuicio al Estado.


• Publicación, mediante una página güeb, de los gastos menores de los políticos con representación popular (comidas, viajes, etc…).


• Transparencia en los sueldos y en el uso de medios públicos de estos altos cargos.


• Cajas de ahorro sin control político.


• Todos los regalos que obtengan los políticos deberán pasar a manos del erario público, ya que estos los reciben en representación de los ciudadanos.


• Extender la democracia a todas las instituciones, asociaciones y organizaciones que reciban subvenciones públicas.


• Garantizar la independencia de todos los órganos reguladores.


• Dinamizar las investigaciones anti-corrupción desde fuera:


• Asumiendo el coste de empresas privadas implicadas en investigaciones de corrupción, siempre que demuestren, aportando pruebas y/o indicios, que permitan llevar a personas al servicio de la función pública ante los tribunales.


• Y, por último y entrando en un terreno muy polémico, HD propone modificar las normas que hacen referencia a la "provocación del delito", en la dirección de permitir, en casos de corrupción política, la posibilidad de que agentes de los CCFFSS del Estado, o personas autorizadas por un juez, puedan descubrir, mediante la incitación a la corrupción, a quien está, o no, en disposición a participar en un acto de corrupción política.
  
  El resto de partidos políticos se escandaliza con esta propuesta, pero nosotros entendemos que si uno no está dispuesto a participar en ningún caso de corrupción y bajo ningún concepto, esta medida, aplicada con todas las garantías jurídicas, no debería perturbar su sueño.

Esta medida, además de permitir descubrir a quien, una vez modificadas las correspondientes normas, insiste en implicarse en casos de corrupción, sería la medida disuaria anti-corrupción más eficaz de todas la que existen en España y acabaría tanto con el actual enfoque anticorrupción: solo actuar cuando se descubre, ignorando lo que no se descubre, lo que se encubre o lo que descubre pero queda sin efecto por un defecto de forma, como con el saqueo de las arcas públicas, las cuales nunca recuperan lo robado.