La Constitución establece que Los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
Tras 30 años de democracia, cabe plantear varias cuestiones sobre este asunto.
Sindicatos.
- ¿Es razonable que CCOO y UGT, que representan al 14% de los trabajadores -y cuya afiliación, como han demostrado las últimas elecciones sindicales de la Administración, no para de descender- negocie en nombre de todos los trabajadores de España?
- ¿Es razonable que, en plena crisis y mientras se recortan todos las partidas presupuestarias, el Estado multiplique por cuatro las subvenciones que otorga a los sindicatos?
- ¿Es razonable que quienes representan al 14% de los trabajadores y negocian en nombre de todos, agiten la bandera y promuevan los intereses de un partido político concreto?
- ¿Es razonable que no se conozca el número de liberados sindicales que hay en España?
- ¿Es razonable que las cuentas de los sindicatos presenten opacidades?
- ¿Es razonable que cada vez que se firma un Expediente de Regulación de Empleo los sindicatos que lo negocian reciban una parte de lo negociado?
¿No supone eso un conflicto de intereses? ¿No supone esa una forma de lucrarse los propios sindicatos?
- ¿Es razonable que se utilicen las huelgas generales, mediante diferentes señuelos y martingalas, para alcanzar objetivos políticos concretos en lugar de para defender los derechos de los trabajadores?
- ¿Es razonable que los sindicatos administren más de 7000 millones de euros en cursos de formación, compitiendo con empresas dedicadas a esta labor?
- ¿Es razonable que para ejercer el legítimo derecho a la huelga haya que perjudicar, cuando no coaccionar o destruir los bienes de una mayoría?
- ¿Es razonable mantener un sistema de convenios colectivos que no se ajusta a las peculiaridades de cada negocio, impidiendo su proyección empresarial y la contratación de nuevos empleados, y que ha sido calificada por la mayor parte de los expertos económicos del mundo como uno de los mayores lastres de nuestra economía?
- ¿Es razonable que un empresario tenga que pagar lo mismo a un trabajador leal y eficiente que a uno holgazán y conflictivo, a uno que hace su trabajo bien en seis horas que a uno que en 16 no logra terminarlo, a uno que vela por la empresa que a otro que la boicotea...?
- ¿Es razonable que sean los empresarios y no los trabajadores los que paguen las horas de los liberados sindicales?
- ¿Es razonable que no existan mecanismos para evitar que la acción sindical limite el fomento empresarial y la creación de empleo?
- ¿Es razonable no poder criticar a los sindicatos por miedo a que estos desaten, en el nombre de los trabajadores pero en exclusivo beneficio de ellos, toda su demagogia e inquina?
HIGIENE DEMOCRÁTICA entiende que no.
Los sindicatos son tan importantes y tan moldeables como la propia Democracia. Nadie renuncia a los beneficios que ambos han supuesto para los ciudadanos, pero nadie quiere tampoco los excesos que ha provocado su falta de control. Defendemos, pues, unos sindicatos transparentes, eficaces, despolitizados, solventes, autofinanciables, que recuperen el motor que fueron en el pasado y dejen de ser el freno que, en ocasiones, suponen para el trabajador, el empresario y el ciudadano.
La Patronal
- Al igual que los sindicatos, deberá financiarse mediante las cuotas de sus afiliados, prescindiendo de los fondos públicos en forma de subvención que reciben.
HIGIENE DEMOCRÁTICA
Propone
Aprobar una ley de huelga que concilie el derecho a la huelga con el derecho al trabajo, además de que garantice el derecho de los ciudadanos a que una huelga no merme sus derechos y libertades. Se establecerán mecanismos para perseguir y sancionar con toda la dureza de la ley a quienes, bajo el paraguas de los piquetes informativos, intimidan, amenazan, boicotean, agreden o destrozan bienes públicos o privados.
Los sindicatos se financiarán con las cuotas de sus afiliados.
Los sindicatos costearán todas las horas sindicales de sus delegados y liberados.
Se eliminarán, cuando existan, toda influencia sindical, directa o indirecta, tanto en las oposiciones como en la asignación de recursos o puestos, estableciendo, en contraposición, un mecanismo que garantice la imparcialidad de estos procesos.
Los ERES podrán ser negociados por sindicatos, trabajadores o expertos en derecho laboral, siendo el negociador el que reciba el porcentaje que establece la Ley para quien asuma esta función.
La negociación colectiva precisa una reforma global, que debe comenzar por sustituir el título III del Estatuto de los Trabajadores. A partir de ahí, los convenios sectoriales establecerán un marco básico de derechos de los trabajadores, dejando libertad para ajustar la realidad de la empresa a los aspectos que determina su propia actividad.
Los convenios dejaran de ser ultraactivos, o sea: que no se renovarán automaticamente.
Las subvenciones que hasta hoy se otorgaban a todos los sindicatos, se destinarán, con los aumentos que se consideren oportunos, de la siguiente forma:
- a. Cada trabajador tendrá derecho a una cuota de ese montante anual que podrá destinar a un sindicato concreto o al asesoramiento de un abogado laboralista.
- b. En el caso de que no consuma esas cuotas, el trabajador las acumulará en el tiempo.
- c. En el caso de no consumir ninguna, o no consumir la totalidad, a lo largo de toda su vida laboral, la suma resultante revertirá en el trabajador en la primera pensión que reciba al jubilarse.
Los más de 7000 millones de euros que se han venido administrando para formación por los sindicatos, se destinará de la siguiente forma:
- El 50 % a una formación vinculada a la creación de empleo. Esta suma permite ofrecer hasta 130 euros al mes, a los 4.5 millones de desempleados y durante un año, para que el empresario compense la formación específica que ofrece a esos desempleados dentro de sus propias empresas durante el primer año de trabajo.
- 20% para las empresas dedicadas a la formación.
- 3% para costear los gastos de los parados a la hora de desplazarse a las entrevistas de trabajo.
- 20% para realizar auditorías de competitividad: desde una panadería a una gran empresa.
- 7% para que todas las empresas estén en internet.
