Cuando se aprobó la Constitución de 1978...

• ¿Cuántos españoles demandaban pertenecer a una nacionalidad o región?
• ¿Cuántos españoles demandaban una administración más cercana?
• ¿Cuántos españoles demandaban que su región tuviera una estructura idéntica al Estado?
• ¿Cuántos españoles demandaban que su región adoptase normas para dificultar la vida administrativa de quienes eran de otra Comunidad autónoma?
• ¿Cuántos españoles demandaban que hubiese, por ejemplo, una agencia del tiempo a nivel estatal, otra a nivel autonómico y otra a nivel provincial?
• ¿Cuántos españoles demandaban que su Comunidad Autónoma aumentase, en los últimos diez años, el 80% de sus empresas públicas?
• ¿Cuántos españoles demandaban que existiesen Comunidades Autónomas para fomentar la insolidaridad entre sus ciudadanos y la competencia de sus recursos?
• ¿Cuántos españoles deseaban que existiesen Comunidades Autónomas para que sus gobernantes aprobaran leyes en contra de la Constitución y/o se negaran a acatar las sentencias judiciales?
• ¿Cuántos españoles demandábamos que impuestos estatales, como el de Sucesiones, varíe en virtud de la CCAA que lo gestione?
• ¿Cuántos españoles demandábamos una estructura autonómica que impusiese más dificultades para instalar una empresa en dos CCAA al mismo tiempo que en Letonia, Rumanía y Alemania a la vez?
• ¿Cuántos catalanes, por ejemplo, pedían que el gobierno de su región priorizara el gasto de las embajadas -u oficinas comerciales- y la promoción del catalán, aunque eso supusiera cerrar 85 hospitales, reducír bruscamente los servicios de urgencias y clausurar más de 30 residencias de ancianos?

Lo ignoramos, pero sospechamos que éstas demandas eran más fruto de las aspiraciones de algunos políticos que de la demandas de la mayoría de los ciudadanos; convertida, entonces y por la coyuntura histórica, en una cesión para lograr el consenso de las fuerzas políticas y la satisfacción de los políticos nacionalistas.

 

¿Ha logrado esa barra libre de "café para todos", que pagamos todos los ciudadanos pero que solo disfrutan los políticos, lograr el consenso político y atenuar las aspiraciones de las fuerzas nacionalistas?

 

 

• El consenso de los políticos para convertir sus CCAA en pseudo-estados, Sí.
• Saciar el apetito competencial de las formaciones nacionalistas, No.

El problema reside en que los ciudadanos nos hemos dejado engañar con señuelos como la identidad o la cercanía administrativa; cuando lo que la mayoría de los españoles demandamos es una administración eficiente con nuestros impuestos -sin tratar de imitar ni la estructura del Estado ni competir en el mercado libre con agencias y empresas públicas-, eficaz en su gestión -mínimo de funcionarios y de burocracia y máximo de servicios públicos-, y cuya finalidad sea el servicio al ciudadano, al margen de quién sea competente, de quién y cómo administre nuestros recursos, o si el médico, el agente o el administrativo que nos atiende es municipal, autonómico o estatal.

 

 

¿Queremos los españoles, realmente, remar en la misma dirección que los europeos y, en cambio, en dirección opuesta al resto de CCAA que hay en nuestro territorio?

 

Entendemos que no.

 

 

¿Y por qué lo hacemos?

 

Pues porque el timón de nuestra embarcación está en manos de unos partidos políticos a los que les interesa que así lo hagamos.

Algunos gobiernos autonómicos se amotinan frente al Estado y este, en lugar de cogerles el guante, haciendo valer su posición, se amilana con la excusa de esperar una lejana decisión judicial.

¿Y por qué pasa esto?

Pues porque quienes se amotinan son quienes tienen en su mano que el PP o el PSOE puedan gobernar con mayoría absoluta.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS NO SON EL PROBLEMA, PERO SI PRESENTAN NUMEROSOS PROBLEMAS, LA MAYORÍA DE ELLOS GENERADOS POR LA CLASE POLÍTICA QUE LAS HA GOBERNADO.

Una parte muy importante de nuestros impuestos se diluyen en los gastos generados de forma artificial por los políticos. Sin embargo, cuando ellos hacen referencia a estos tributos, solo enumeran: escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, viviendas de protección oficial, parques o carreteras; sin aclararnos que, si eliminásemos el gasto superfluo de las distintas Administraciones, podríamos multiplicar exponencialmente el número y la calidad de nuestros servicios públicos.

Hemos alejado las administraciones de los ciudadanos, al tiempo que hemos acercado los recursos públicos a los partidos políticos.

• A muchos políticos les interesa alimentar las discrepancias entre su Comunidad Autónoma y Estado, los mismos que no admitirían que un municipio de su propia región reclamase las mismas reivindicaciones que ellos hacen al Estado.
• Todos los políticos nos manipulan mediante la identidad o la ideología. PP y PSOE nos hacen creer que lo mejor que tenemos es ser progresista o conservador. Los partidos nacionalistas, por su parte, pretende que creamos que el mayor valor de uno es vivir aquí y no allí. Uno es igual de fiel a una identidad o una ideología como lo es a su propia familia. Para lo bueno y para lo malo. Esta manipulación convierte a los militantes en ciudadanos teledirigidos por sus partidos, que se hacen eco de lo que dicen los medios a fin y se enfrentan con los que están en contra; que encuentran justificación o experimentan indulgencia frente a cualquier hecho de su partido, y desatan toda su hostilidad frente a cualquier matiz de los contrarios. Con esto se acaba con la autocrítica y se consolida el voto en cualquier circunstancia. Cuando estén muy enfadados, dejarán de ir a votar, pero nunca replantearan su ideología o identidad.

Un famoso político afirmaba hace poco: "que nadie se engañe: aunque se pactara a nivel estatal un adelgazamiento de los escalones locales, no tardarían las Comunidades Autónomas en crear, de forma disimulada, otros entes sustitutorios. Mientras la clase política no asimile que los partidos no son oficinas de empleo y la organización de lo público no es su empresa particular, no avanzaremos en la racionalización estructural del Estado".

El resultado de la última, e ilegal, consulta independentista de Cataluña, que el Gobierno de la Generalidad ha alentado de forma indirecta, ha reflejado, de forma contundente, que este es un asunto de los políticos catalanes, no de la gente que vive en Cataluña: 82% de los ciudadanos de Barcelona han decido no pronunciarse.

 

 

HIGIENE DEMOCRÁTICA
Propone

 

La auditoria y reforma administrativa que se refleja en el apartado de ADMINISTRACIONES

 

Para evitar que un pequeño gesto nacionalista se convierta en un problema de difícil resolución, proponemos tres cosas:

• Recuperar el recurso de inconstitucionalidad que permite paralizar una norma autonómica hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional.
• Cuando un gobierno autonómico decida no acatar una decisión judicial, ir en contra de las normas del Estado o arrogarse competencias que no tiene, se aplicará, sin dramas, con carácter inmediato y de forma vertical, el artículo 155 de la CE. En menos de una semana, la dirección y gestión de esa competencia, o de ese servicio de la Administración, pasará a manos de personal del la Administración general del Estado, que tendrá plenas competencias sobre los recursos técnicos, humanos y financieros. La desobediencia de los funcionarios supondrá un falta muy grave y la posible separación del servicio.
• También se establecerán mecanismos para que el gobierno de la nación, para satisfacer los ahelos de un gobierno autonómico, y mediante reglamentos u otras martingalas legales, logre los objetivos que una sentencia judicial trataba de evitar.

 

Cerrar el mapa autonómico, determinando con claridad las competencias del Estado y de las CCAA, que deberán ser idénticas en todas ellas.

Eliminar, por tanto, la transferencia y delegación constante de competencias del Estado a las Autonomías que permite el artículo 150 de la Constitución.

La reforma de los Estatutos de las comunidades autónomas se realizará mediante una mayoría de las dos terceras partes de las Cámaras autonómicas y del Congreso de Diputados, ratificada, posteriormente por la mayoría de los ciudadanos, siendo preciso un mínimo de un 50 % de participación.

Tenemos que establecer mecanismos, desde la ley y con todas las garantías, que neutralicen a los gobiernos autonómicos que acumulan las sentencias que les benefician, rechazan y/o se niegan a cumplir las que les contradicen, y hagan permanente ingeniería jurídica para encontrar aristas que tensionen las relaciones con el Estado, cuando no, articular abiertamente conflictos con él.

Contrarrestar las campañas nacionalistas con la fuerza de la pedagogía. Demostrar que ningún territorio Estatal pertenece a quienes nacen en él; que ningún municipio, unilateralmente, o mediante voto unánime de sus vecinos, puede separarse de España, de Europa o de su Diputación provincial...

Porque el territorio español pertenece a todos los españoles, y será lo que quieran todos los españoles, porque para eso sus ascendientes han luchado durante siglos, en ocasiones con su propia vida, para garantizar sus fronteras, su cultura, rica y plural, y sus gentes.

 

No se trata de no cuestionar la unidad española, sino de aclarar que solo puede ser cuestionada por el conjunto de todos los españoles.

 

Garantizar la unidad es garantizar un proyecto común. Las fuerzas nacionalistas lo tienen meridianamente claro, porque lo que reivindican a España, ellos no se lo permitirían a ninguna localidad de su territorio, por insignificante que ésta fuese.

 

Un sistema de financiación único, con un techo financiero, para todos los territorios -recientemente aprobado en la Constitución-. El nuevo sistema se basará en los principios de solidaridad y cohesión.

 

El Gobierno promoverá una política solidaria del agua que garantice un reparto equitativo entre todos los ciudadanos. La ordenación de los recursos hídricos será una competencia estatal. El Gobierno presentará en el Parlamento un plan de trasvases y de interconexión de las cuencas hidrológicas.

Tributación idéntica de los Impuestos estatales en todos las CCAA.